El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) ha emitido un comunicado anunciando que ejercerá el Derecho de Petición recogido en el Artículo 29 de la Constitución, para que sus funciones no sean usurpadas ya que el coordinador o coordinadora de bienestar y protección definido por la ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia es claramente un educador/a social.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en su primer acto legislativo dirigido a la infancia, deja de lado a las y los educadores sociales en la tramitación de 2 leyes que afectan a la infancia en riesgo de exclusión social. Tanto en el desarrollo de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), como en la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (conocida como ley Rhodes), se excluye a la Educación Social  en competencias socioeducativas que son propias. De esta forma, crea la figura del delegada o delegado de bienestar y protección, atribuyéndole funciones propias de las y los educadores sociales en el sistema educativo.

Frente a cuestiones tan importantes como el acoso escolar, el ciberacoso, el maltrato y la explotación infantil y la violencia sexual, la ley debe garantizar una acción socioeducativa desarrollada por expertas/os y especialistas cualificados/as para ello.

Por todo ello, desde el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, se insta al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados a la consideración de la inclusión de educadoras y educadores sociales en todos los centros educativos, asignándoles, entre otras, la función de coordinador/a de bienestar y protección, descritas en el Proyecto de Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, así como a la inclusión de educadoras y educadores sociales en los centros educativos dentro de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE).

De esta forma, se permite garantizar la protección y el desarrollo integral de la infancia a través del sistema educativo como pilar básico del Estado de Bienestar.

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